Recientes estudios académicos, realizados en el sistema educativo formal, han demostrado que las adaptaciones que los centros escolares realizan para dar una mejor respuesta al alumnado con diversidad funcional son también beneficiosas para el resto de la clase, escuela y comunidad. Porque no se trata de compartir espacios, sino de participar plenamente.

Ya entrando en el tema que nos afecta sobre la digitalización, nadie discute, hoy por hoy, que vivimos en una sociedad hiperconectada a través de redes digitales que nos exigen tener unas competencias para poder relacionarnos con la Administración, con la banca, con las y los amigos, compañeras de trabajo e incluso con el vecindario. Los niveles de participación y comunicación siempre serán diferentes, pero debemos tender a una ciudadanía digital que nos permita ejercer nuestro derecho a participar y a relacionarnos en sociedad, tal y como se define la competencia digital por la Unión Europea (UE):

DERECHO A LA VIDA DIGITAL

Las apuestas por la transformación en esta línea son evidentes, se habla de la década digital en este camino a la transición en el que el acceso a la tecnología y la adquisición de competencias digitales forma parte del elenco del pilar de derechos sociales de la ciudadanía establecidos por la UE. Internet también fue reconocido como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas ya en 2016.

Sin embargo, deseo y realidad no van de la mano, y la complejidad de los sistemas hace que las personas en situación de vulnerabilidad como pueden ser las mayores o con diversidad funcional se encuentren ante una situación de doble exclusión, como apunta Clara Centeno en el foro de derechos digitales. El impacto de la brecha digital es claro, no tener acceso a Internet es una nueva forma de exclusión y no tener competencias digitales coloca a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Y en este tsunami de digitalización a una velocidad vertiginosa parece que no hay nadie o casi nadie a salvo. Un estudiante universitario medio tiene dificultades para instalar y utilizar su firma digital, la cual es requisito para realizar la matrícula, recibir notificaciones, tramitar becas… ¿el problema está en la falta de competencias de estos jóvenes? ¿en la dificultad de los procesos? Seguramente en ambas áreas se deben realizar ajustes, pero lo que es evidente es que la digitalización trae consigo muchas dificultades de adaptación para la población en general y de forma aún más grave para personas en situación de vulnerabilidad y/o con diversidad funcional.

APRENDIZAJE EN EL QUE CABE TODO EL MUNDO

En esta línea la ONCE siempre ha sido pionera en sus adaptaciones para personas con visión reducida, haciendo una clara apuesta por la accesiblidad. Sus productos audiovisuales permiten aprender braille a población con o sin reducción en la visión. Porque ganamos todas si aprendemos a comunicarnos de formas diversas, como somos las personas, apostando por las alfabetizaciones múltiples, los formatos divergentes, y basándonos en los principios de un diseño universal de aprendizaje, que parte de que todas las personas independientemente de su condición puedan acceder con o sin apoyos a ciertos recursos que son indispensables para su participación plena en sociedad. Si la tecnología nos permite romper con las barreras de espacio y tiempo, hace que nos comuniquemos y trabajemos con la otra parte del mundo, algo que era inimaginables hace un par de décadas, ¿qué impide que los procedimientos digitales sean más accesibles para la ciudadanía?

A este respecto, por ejemplo, Gizatea, la red de empresas de inserción social de Euskadi, ha hecho un trabajo muy interesante sobre la definición de los perfiles profesionales digitales y la capacitación necesaria de las profesiones diana o con mayor empleabilidad de este tipo de empresas. Las personas encargadas del reparto de mercancías, hostelería y limpieza, entre otros, manejan dispositivos digitales fundamentales para el control y seguimiento de su trabajo por lo que se deben formar para ello de cara a favorecer su inserción laboral. La red ha puesto a disposición de sus empresas asociadas esta guía que permite ajustar las competencias necesarias para estos puestos.

Se habla también de la necesidad de generar nuevos perfiles profesionales que acompañen en los procesos de digitalización y varios ayuntamientos de Bizkaia han desplegado servicios de apoyo a la ciudadanía en esta línea denominados “Punto de ayuda digital”. La clave es, una vez más, la accesibilidad: si el proceso es complejo te acompañamos, pero no te quedes sin solicitar un certificado de empadronamiento, la vida laboral o apuntarte a unas clases en el polideportivo. Los resultados son buenos, es evidente que la brecha digital se reduce y la ciudadanía agradece este tipo de servicios, pero… ¿Y si diseñamos desde el principio un Internet y un procedimiento para todas y todos?

En esta línea Pratyusha Kalluri, investigadora sobre inteligencia artificial de la Universidad de Stanford lo tiene claro. Apostemos por un modelo de digitalización más inclusivo, que sólo será posible si en los lugares de poder y decisión participan también personas en situación de vulnerabilidad aportando sus formas de relacionarse y comprender, porque todas las personas podrán relacionarse digitalmente aunque sea de diferentes formas. Y las que mejor lo saben son las protagonistas.