En El Salvador, desde marzo de 2022, está vigente un régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele; se han suspendido derechos constitucionales como parte de una estrategia de seguridad del gobierno. De esta manera, se ha producido la detención masiva de más de 85.000 personas, lo que representa alrededor del 2,5% de la población adulta del país. Durante estos tres años de régimen de excepción, se han documentado alrededor de 7.000 violaciones a los derechos humanos, la mayoría relacionadas con detenciones arbitrarias y violaciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de prensa. El gobierno ha continuado su política de concentración de poder, debilitando instituciones independientes y cerrando el espacio para la participación ciudadana.

En el ámbito de la cooperación, en mayo se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), agravando la situación de indefensión de las entidades sociales. Incluye, entre otras cuestiones, un impuesto del 30% sobre todas las donaciones, transferencias, importaciones en especie o bienes materiales procedentes del exterior. Igualmente, prohíbe que las entidades registradas puedan participar en actividades políticas sin autorización previa, y obliga a que toda persona natural o jurídica que reciba fondos del extranjero deba inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), gestionado directamente por el Ministerio de la Gobernación. Ante cualquier incumplimiento las organizaciones deberán hacer frente a responsabilidades penales y administrativas.