Coincidiendo con el ecuador de la ejecución, cumplidos 18 meses desde el inicio del proyecto “Gestión ecosocial particpativa para el ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos y ambientales en la provincia Caballera, Bolivia”, la ONGD Zabalketa ha compartido con la Dirección los avances del proyecto plurianual que está avanzando satisfactoriamente.

La entidad local es el Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en proyectos de Cooperación al Desarrollo y promoción humana y social, permanentemente en 11 municipios de la región de los Valles Cruceños del departamento de Santa Cruz, dirigiendo sus acciones a favor de la población, especialmente aquellos que realizan trabajos productivos de gestión agrícola y/o de desarrollo en la región, dando prioridad a los sectores más vulnerables, especialmente a las mujeres rurales, apoyando sus procesos de empoderamiento y emancipación.

El proyecto se desarrolla en los Municipios de Comarapa y Saipina, en la microregión de los Valles Cruceños, con una población de 27.022 habitantes. Durante los últimos años se ha producido un cambio de modelo social y económico en los Valles, pasando de una economía de subsistencia, con explotaciones, generalmente familiares, y orientadas a la seguridad alimentaria, a modelos de economía capitalista, en la que se hace prioritaria la especialización productiva y la búsqueda del beneficio económico, suponiendo la dependencia tecnológica de insumos y bienes de producción.

El núcleo laboral sigue siendo la “familia campesina”, pero el cambio de enfoque y de modelo ha introducido fuertes cambios en las relaciones interpersonales y en las de género, reforzando las estructuras patriarcales y la violencia contra la mujer. Así como también ha generado un choque entre los principios del buen vivir (y sus derivadas vinculadas a la sostenibilidad ambiental) y la opción por el uso intensivo de recursos naturales y productivos, lo que se ha traducido en una falta de concertación sobre el uso de los servicios ambientales del ecosistema local.

En este último sentido, existen en el territorio organizaciones sectoriales con intereses en la gobernanza ambiental, como las administradoras de agua y las organizaciones productivas y organizaciones del territorio con intereses similares, como el sindicato agrario, que trabajan de manera desarticulada. Esta falta de gobernanza ambiental del territorio, el desarrollo productivo insostenible y los efectos locales del calentamiento global están poniendo en grave peligro los derechos humanos de la población de la provincia Caballero. Por ello, la propuesta busca articular consensos entre autoridades y sociedad civil para el ejercicio de derechos de la población campesina y para ello propone:

• Desarrollar las capacidades de los actores locales para la participación activa e informada en la gestión pública ambiental provincial.
• Desarrollar la estructura local para la gobernanza ecosocial y el desarrollo local equitativo de la provincia.
• Mejorar las prácticas socio-productivas de las familias campesinas para el cambio hacia un modelo de economía solidaria, ecológica y con equidad de género.
• Ciudadanía local, sensibilizada e implicada, participa activamente en procesos para un desarrollo sostenible y equitativo en el ámbito social, cultural y ambiental.