El estado de excepción decretado en 2022 ha causado una alarmante crisis de derechos humanos; una muestra de ello son las recurrentes violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento, las detenciones arbitrarias masivas, las desapariciones forzadas, la utilización de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las muertes de personas bajo la custodia del Estado, según denuncian organismos internacionales como “Amnistía Internacional”.

En estas complejas circunstancias, la “Asociación de Desarrollo Económico Social” (ADES) desarrolla su trabajo en el Cantón de Santa Marta en el municipio de Victoria. Su representante, Rosa Digna Martínez Baires, nos ha visitado en el mes de mayo, acompañada por “Ingeniería sin Fronteras del País Vasco”. Estas dos entidades, apoyadas desde la DFB, están llevando a cabo el proyecto “Movimientos populares por la defensa de sus derechos: construyendo alternativas equitativas y sostenibles”. Con esta iniciativa buscan la promoción de liderazgos y la organización comunitaria para la defensa de los derechos humanos, así como la construcción de alternativas populares de desarrollo sostenible y equitativas.

ADES ha sufrido la represión de cerca, puesto que en enero de 2023 la Fiscalía General de la República ordenó la detención de dos compañeros de la entidad, así como de otros tres líderes de la comunidad, vinculándolos a un caso ocurrido durante “el conflicto armado”, y añadiendo la acusación de pertenencia a asociaciones ilícitas (actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario a la espera de la vista pública). Según asegura Martínez, todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la Asociación ADES a través de sus liderazgos.

La Asociación ADES, creada en 1993, surge a partir de un Comité de Repobladores de Cabañas para responder a las necesidades de las comunidades repatriadas y repobladas del Cantón de Santa Marta, población que debido a la coerción del ejército guatemalteco se refugió en Honduras durante el conflicto armado.