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Instrucción de la Dirección Nº Identificación: 900005910

Deducibilidad de los gastos correspondientes a los servicios que prestan el cónyuge, la pareja de hecho, y los hijos menores del contribuyente que convivan con él.

Retribuciones en general.

El artículo 27.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, señala que las retribuciones estipuladas con el cónyuge o pareja de hecho, y con los hijos menores del titular de la actividad que convivan con él, únicamente resultan deducibles, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) que dichas retribuciones no sean superiores a las de mercado para un puesto de trabajo similar; y 2) que quede debidamente acreditado que las citadas personas (el cónyuge o pareja de hecho, y los hijos menores) trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades económicas del contribuyente, para lo cual se exige que exista el oportuno contrato laboral, así como la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Si se cumplen estas condiciones, las cantidades abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, o a los hijos menores que convivan con el contribuyente, tienen la consideración de rendimientos del trabajo para ellos, a todos los efectos tributarios.

Con estas restricciones a la deducibilidad de las retribuciones abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, y a los hijos menores que conviven con el contribuyen, se pretende evitar la transferencia de rentas entre miembros de la unidad familiar, con objeto de evitar la progresividad del Impuesto, mediante la interposición de contratos ficticios o aparentes, carentes de un contenido real, o estipulando unas retribuciones que no guarden proporción con las prestaciones realizadas. Esta regulación restrictiva (particularmente, la exigencia de contrato laboral entre las partes y la acreditación del trabajo habitual y continuado en la actividad) fue analizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 146/1994, de 12 de mayo de 1994, quien concluyó que la misma está justificada, precisamente, por la necesidad de impedir que los importes que se pretendan deducir por este concepto no retribuyan prestaciones de trabajo efectivas.

A estos efectos, el Estatuto de los Trabajadores no prohíbe la existencia de relación laboral entre familiares, siempre que se acredite, eso sí, la condición de asalariados de quienes presten los servicios de que se trate. Lo que regula es una suerte de presunción "iuris tantum", de que los trabajos familiares no se llevan a cabo en régimen de dependencia laboral. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en vigor desde el 13 de noviembre de 2015).

De otro lado, el requisito relativo a la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, debe entenderse referido al Régimen General o a los regímenes especiales aplicables a determinados trabajadores por cuenta ajena, como por ejemplo el especial Agrario, el de Empleados de Hogar, o el de Trabajadores del Mar, sin que, en principio, resulte válida el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por no permitir la afiliación de asalariados.

A este respecto, la normativa sobre Seguridad Social establece una presunción "iuris tantum", en virtud de la cual, en principio, se entiende que el cónyuge, y determinados parientes del empresario que convivan con él y estén a su cargo, no tienen la consideración de trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, por lo que, si así se acreditara, podría darse la existencia de relación laboral entre las partes (entre el empresario y sus familiares) y el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

No obstante, ante la posibilidad de que la Seguridad Social no admita la afiliación al Régimen General del cónyuge, de la pareja de hecho o de los hijos menores del empresario, rechazando por escrito las solicitudes que presenten al efecto, e incluyéndolos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, debe entenderse que, en estos casos, los contribuyente tienen derecho a deducir las retribuciones que abonen a los citados familiares, en la medida en que puedan probar que los mismos trabajan en su actividad en régimen de dependencia laboral (cuyas notas características son la voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia), y, además, se cumplan las restantes condiciones exigidas para ello en el artículo 27.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre.

En correspondencia con esta calificación, las retribuciones obtenidas por el cónyuge, la pareja de hecho y los hijos menores del empresario, tendrán para ellos la consideración de rendimientos del trabajo, y estarán sometidas a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (por aplicación de las reglas generales establecidas al efecto).

Correlativamente, las retribuciones abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, o a los hijos menores que no resulten deducibles para el pagador, según lo indicado en los párrafos anteriores, no tendrán la consideración de rendimientos sujetos a gravamen para los perceptores.

Cuotas del régimen especial de los autónomos colaboradores.

Las restricciones establecidas en el artículo 27.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre (relativas a la deducibilidad de las contraprestaciones abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, o a los hijos menores del contribuyente), no resultan aplicables a las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el que obligatoriamente tengan que estar dados de alta los familiares del contribuyente que trabajen habitualmente en su actividad sin ostentar la condición de empleados por cuenta ajena.

Como se indica en el inciso anterior, con estas restricciones a la deducibilidad de las retribuciones abonadas, al cónyuge, a la pareja de hecho, y a los hijos menores del empresario o profesional, se persigue evitar la transferencia de rentas entre miembros de la misma unidad familiar, con objeto de evitar la progresividad del Impuesto, mediante la interposición de contratos ficticios o aparentes, carentes de un contenido real, o estipulando unas retribuciones altas que no guarden proporción con las prestaciones realizadas. La adecuación de estas medidas a la legalidad fue admitida por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 146/1994, de 12 de mayo de 1994. No obstante, la citada finalidad no justifica que se niegue la deducibilidad de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que obligatoriamente tienen que darse de alta determinados familiares del empresario (entre los que se encuentran los cónyuges) que trabajen habitualmente en su actividad, sin ostentar la condición de empleados por cuenta ajena conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, toda vez que, en estos casos, el alta en el citado Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es preceptiva según lo indicado en la normativa sobre Seguridad Social, con ella no se produce ningún riesgo relevante de transferencia de rentas entre los miembros de la unidad familiar, ni de desimposición, y, además, en el momento en el que los citados familiares cobren las prestaciones que les correspondan, deberán tributar íntegramente por ellas (artículo 18. a) 1) de la NFIRPF).

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