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Instrucción de la Dirección Nº Identificación: 900002981

Art. 41 NF 13/2013: Supuestos en los que se estima que no existe alteración en la composición del patrimonio.

La disolución de las comunidades de bienes, de las sociedades conyugales, o de las pactadas por los miembros de las parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros, cónyuges o miembros de las parejas de hecho, de los bienes y derechos pertenecientes a dichas comunidades o sociedades, no genera ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios que pueda dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, siempre y cuando las adjudicaciones se realicen en proporción a lo que le corresponda a cada uno en la comunidad o en la sociedad (es decir, en proporción a las cuotas previas de participación de los comuneros en las comunidades, o de los cónyuges y miembros de las parejas de hecho en las sociedades conyugales). En estos casos, tampoco cabe actualizar el valor de los bienes y derechos recibidos, ni su fecha de adquisición.

No obstante, en el supuesto de que se produzca un exceso de adjudicación en la liquidación de la comunidad o sociedad, como consecuencia del hecho de que uno o varios de los comuneros, o uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, se atribuya bienes y derechos por un valor superior al que corresponda a su cuota previa de participación en la comunidad o en la sociedad, compensando, o no, al otro u otros, sí existirá una alteración en la composición del patrimonio de los comuneros o del cónyuge o miembro de la pareja de hecho que se atribuya de menos, por su déficit de adjudicación (es decir, por el importe de lo que transmita, a título oneroso o lucrativo, a quien se adjudica de más), con la consiguiente actualización del valor y de la fecha de adquisición de los bienes a los que se asigne el exceso de adjudicación en sede de quien se asigna más de lo que le correspondía (y se ve obligado a abonar una compensación, o resulta beneficiado por una transmisión a título lucrativo).

En estos casos, la citada variación patrimonial se imputa al período en el que se adjudican los bienes comunes, y nace, en su caso, el derecho a recibir, y la obligación de pagar, la compensación correspondiente al exceso otorgado, salvo que resulte aplicable el criterio de imputación temporal previsto para las operaciones a plazos o con precio aplazado.

A todos estos efectos, resulta irrelevante que la compensación se satisfaga en metálico o en especie, o que no se pacte compensación alguna (en cuyo caso, nos encontraríamos ante una transmisión a título lucrativo “inter vivos”).

Este planteamiento resulta coherente con el fondo económico de estas operaciones, y no da lugar a ninguna situación de doble imposición, ya que quien obtiene un exceso de adjudicación en la liquidación de una comunidad de bienes o de una sociedad conyugal, no está sino realizando una inversión a los efectos de la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (o beneficiándose de una adquisición a título lucrativo de algo que antes no tenía).

Por ello, en estos casos, los bienes y derechos adjudicados a los comuneros, cónyuges o miembros de la pareja de hecho que obtienen el exceso de adjudicación se entienden adquiridos en dos momentos diferentes. En un primer momento, en la fecha en la que tuvo lugar la adquisición para la comunidad o sociedad, por la parte de los bienes y derechos recibida en la liquidación como compensación por su cuota previa de participación en ella. Y en un segundo momento, en el momento en el que se lleve a cabo la liquidación de dicha comunidad o sociedad, por la parte de los mismos correspondiente a lo que se les asigna de más (bien mediante el pago compensatorio del exceso de adjudicación recibido, o bien a título lucrativo).

Entre las consecuencias que de todo ello derivan, se encuentra la posibilidad que tienen quienes se adjudican de más a cambio de una compensación, de aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, sobre el importe de lo que abonen a los otros comuneros o al otro cónyuge o miembro de la pareja de hecho para adquirir el porcentaje de titularidad de la vivienda que no se corresponda con su cuota previa de participación en la comunidad o sociedad. Todo ello, lógicamente, en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Correlativamente, para los comuneros o para el cónyuge o miembro de la pareja de hecho que reciben de menos, se genera una variación patrimonial por diferencia entre el valor de transmisión de la cuota de participación en los bienes o derechos comunes a la que renuncian (que, generalmente, coincidirá con su valor de mercado) y el valor de adquisición para la comunidad o la sociedad de dicha cuota de participación.

Lo contrario generaría un trasvase injustificado de tributación de unos comuneros a otros, o de uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho al otro. Ya que, si en estos casos no se admitiese la existencia de una variación patrimonial, y por lo tanto no se permitiese la actualización de los valores y de las fechas de adquisición de los bienes y derechos de que se trate en sede de quien se adjudica de más, el comunero, cónyuge o miembro de la pareja de hecho que recibe de menos a cambio de una compensación, no tributaría por las plusvalías tácitas que tuvieran los citados bienes y derechos a la fecha de la liquidación de la comunidad o de la sociedad, mientras que el comunero, cónyuge o miembro de la pareja de hecho que se adjudica de más tendría que otorgar a los mismos un valor de adquisición inferior a lo pagado por él.

Además, debe indicarse que la Norma Foral 5/2016 de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas modificaciones en materia tributaria, ha modificado el artículo 41 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, para aclarar, precisamente, que, en todos estos casos, no existirá alteración en la composición del patrimonio de los contribuyentes, “siempre y cuando no se produzcan excesos de adjudicación”.

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Instrucción de la Dirección General

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