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Marisa Soleto Ávila, jurista feminista, es directora de la Fundación Mujeres y responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Soledad Cazorla, fondo de ayudas para el desarrollo personal, apoyo educativo y reparación de daño dirigido a huérfanas y huérfanos de madre a causa de la violencia de género.

¿En qué realidades se materializa la colaboración de instituciones con el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto?

El fondo se constituyó gracias a una donación de la familia de Soledad Cazorla, fallecida en 2015, que fue la primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Y recibe aportaciones de empresas comprometidas y donaciones privadas. No recibe ayuda económica institucional. Pero debo mencionar el apoyo de dos instituciones que están apoyando mucho y especialmente la labor del fondo: la Fiscalía Especializada en Violencia contra la mujer y la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.

Comúnmente, desde las administraciones públicas, ¿qué atención se está dispensando a los huérfanos y huérfanas de la violencia de género?

Son las Comunidades Autónomas de Castilla León, Castilla La Mancha y Baleares las que han comenzado a reparar el daño, incorporando medidas relativas a los huérfanos y huérfanas. También se realiza una importante labor desde los ayuntamientos, con profesionales de servicios sociales y de violencia de género que, asimismo, proporcionan información sobre los derechos de la mujer, muy involucrados también en encontrar familias afectadas y en su acompañamiento. En el Congreso de los Diputados se está debatiendo una Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, también el Pacto de Estado contra la violencia de género recoge algunas medidas dirigidas específicamente a estos niños y niñas.

¿En cuál de los diversos ámbitos de asistencia, intervención y apoyo contra la violencia de género se detectan los mayores obstáculos para la reparación del daño a los hijos e hijas víctimas?

Existe un gran desconocimiento de la situación y las necesidades de estas familias, la respuesta institucional es insuficiente y no alcanza al conjunto de las necesidades y problemas a los que se enfrentan. Se tarda demasiado en facilitar una estabilidad en la situación familiar de los y las menores y no se considera la situación de víctima para el acceso a determinadas ayudas y servicios. Tampoco se considera la condición de víctima en relación con las obligaciones fiscales. Muy a menudo la Seguridad Social recurre las pensiones. La Administración de Justicia debería ser más rápida en la resolución de las medidas relativas a la tutela de las y los menores, evitando así posibles conflictos familiares.

Desde el inicio de la actividad del Fondo de Becas en 2017, diecinueve víctimas becadas en ocho comunidades autónomas, ¿coincide esta cifra con sus previsiones?

No se trata de previsiones, sabemos que hay muchas familias que necesitan ayuda, nos está costando encontrar a estas víctimas, que tienden a ocultarse después del trauma que han sufrido. Son víctimas doblemente, han perdido a su madre y son hijos e hijas de un asesino.

¿Mediante qué estrategias se incidiría en la difusión de la actividad del Fondo tanto a las familias destinatarias como a profesionales ejercientes en la atención a víctimas de violencia de género?

La estrategia es seguir visibilizando y sensibilizando a la población y a la clase política de la situación actual. Seguir difundiendo el Fondo para llegar al mayor número de familias posibles. Cuanto más se desconozca la situación de estas familias más complicado resultará ayudarlas.

De 2017 a 2018, ¿qué avances referentes a la mejora de la situación de las víctimas y las familias que las tutelan constata el Fondo de Becas?

El Fondo de Becas aprende de las familias que han confiado en su gestión, lamentablemente las respuestas institucionales en este año no han sido todo lo buenas que cabría esperar. Hay una falta de respuesta institucional con gran desconocimiento de la situación. Lo mejor que nos ha ocurrido en este camino conjunto con las familias es la posibilidad de encontrarnos con ellas, de que no se sientan tan solas, de poder hablar de lo que permanece en silencio, oculto.

En las conclusiones del II Informe anual del Fondo de Becas: “Huérfan@s de la violencia de género: Hacia la reparación del daño”, recomiendan la aplicación de medidas de protección a las y los menores con respecto al padre agresor en las sentencias de asesinato u homicidio anteriores a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ¿cómo adoptarlas ahora?, ¿mediante nuevas reformas de esta Ley?

Antes de 2015, no era frecuente que las sentencias por homicidio o asesinato incluyeran las medidas de alejamiento y protección de los y las menores respecto del asesino u homicida de su madre. Esto ha obligado a las familias a emprender nuevas acciones judiciales. No sabemos cuántas de estas familias carecen de este tipo de medidas que pueden ser esenciales para el desarrollo de los niños y niñas. Se debería al menos informar a las familias y facilitarles el asesoramiento jurídico necesario para obtener estas medidas.

Grado de viabilidad que manifiestan las propuestas de actuación incluidas en el II Informe para dotar de efectividad a la reparación de las víctimas en las materias de ayudas económicas, medidas fiscales y Administración de Justicia.

Muchas de la actuaciones que se recomiendan en este II Informe ya estaban propuestas en el primer Informe, todas las medidas recomendadas son viables y solo se necesita un poco de voluntad política.

Acceso al sitio web del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto